La ley cegata

El simple hecho de que en la actualidad se discuta sobre la intensidad, vesania o cualquier otro aspecto diferencial entre las atrocidades cometidas desde los dos bandos protagonistas de la guerra civil, pone de manifiesto sin disimulos que el Gobierno pretende sacar adelante una ley de la Memoria Histórica que en realidad sea la glorificación de unos y la condena de los otros. Traducido al vocabulario político actual, los unos son PSOE, PC y ERC, y los otros, el PP.
Quienes han vivido en las dos zonas, antes y después del 18 de julio, describen con idéntico terror los desmanes que se cometieron sin tasa contra ciudadanos que se vieron abocados al martirio por su ideología política, por sus creencias religiosas, por rencillas privadas o porque se encontraban un mal día en un lugar inadecuado.
Cualquier intento por diferenciar víctimas y verdugos en buenos y malos, y hacerlo desde una ley, es una invitación a repetir la historia, porque no existe el verdugo honrado, ni la víctima canalla, y si en algún caso podrían darse esos adjetivos, serían las excepciones.
CiU se plantea no apoyar la ley si no encara lo sucedido con la imparcialidad que permiten los años, y sus objeciones resuenan hoy como el murmullo de los muertos que se rebelan ante la insidia que se prepara a su memoria.
Conociendo la actuación de algunos partidos en aquellos trágicos años es lógico que se prevengan garantizándose inmunidades porque la historia les puede devolver la pelota ensangrentada. Si de verdad se pretende recuperarla, aquí no queda armario sin cadáver, ni rebaño sin ovejas negras.
La trayectoria seguida por la ley hasta el momento actual rezuma tanto sectarismo que va a ser muy difícil hacer de ella un instrumento útil del que los españoles se sientan orgullosos por lo mucho que ha ayudado a su convivencia. Todo lo contrario, hoy lleva camino de que profundizará en las heridas y abrirá otras ya cerradas.

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