Aprobada la ley de Murphy

A Murphy y a sus colaboradores en corolarios se debe la formulación del principio que sostiene: Si algo es susceptible de ir peor, empeorará. A Fernández Marugán y a quienes como él votaron en el Congreso a favor de la nueva ley sobre financiación de los partidos políticos, la historia les tenía reservado un papel mucho más trascendental que el de Murphy y sus ayudantes, pues ellos han demostrado que en efecto, la teoría tiene su constatación en la práctica.
Gracias al análisis de Jaime Ignacio del Burgo, que les ha sacado los colores durante la sesión parlamentaria, descubrimos hasta qué punto han hilado fino para convertir en legales todos aquellos supuestos que hoy afloraban como casos de corrupción y que a partir de la reforma van a quedar limpios y castos como los chorros del oro.
El razonamiento que ha llevado a estos cambios es tan contundente como las propias leyes de Murphy. Si la financiación irregular, la participación en empresas, la recepción de donativos, la condonación de las deudas, los montillazos o la entrega de fondos públicos a organizaciones sospechosas de pertenecer a la urdimbre etarra eran causa de denuncias y escándalos de corrupción, ¡legalicemos todas estas prácticas y a quien Dios se la dé, san Pedro se la bendiga! ¿Cómo no se nos habría ocurrido antes? Esto de gobernar, legislar y ejecutar es lo más chupado que hay, sobre todo si cuentas como socios gente que está dispuesta a fundir la hijuela, no sólo para que chuzen los que vengan detrás, sino también, y muy especialmente, para que la hacienda se divida en partes graciosas.
Según Del Burgo, un buen número de los casos detectados como fraudulentos por el Tribunal de Cuentas quedarán ahora revestidos por la capa de la legalidad y se recordarán estas épocas con gran regocijo. ¿Te acuerdas cuando era ilegal recibir comisiones por una recalificación de terrenos? ¡Qué burros éramos!

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