El vigilante vigilado
La documentación solicitada por el juez Gómez Bermúdez al Centro Nacional de Inteligencia _ un informe sobre la trama asturiana después del atentado _, puede ser de gran trascendencia para el desarrollo del juicio sobre el 11-M, o no. A lo mejor, de esa reunión con Emilio Suárez Trashorras y su mujer, Carmen Toro, antes de ser detenidos, no salen a relucir informaciones significativas, aunque hay indicios de lo contrario. El caso es que nos podemos quedar sin averiguarlo, ya que el CNI no se lo remitirá al juez sin que antes el Consejo de Ministros lo desclasifique de su actual consideración como secreto, lo cual no ha ocurrido desde el 23 de enero, fecha en la que Gómez Bermúdez lo solicita con carácter de urgencia. Mire, es que me empieza un juicio en febrero y si fueran ustedes tan amables, me vendría de perlas… tal y tal.
Ese pequeño detalle del secretismo, así como la propia reclamación judicial, nos inducen a pensar que algo habrá de interés en las declaraciones de ex-minero y su pareja, realizadas en Avilés el 17 de marzo de 2004 ante ocho agentes de la policía y el propio CNI.
La mera posibilidad de que ante un juicio de esta categoría, o de cualquier otra, pese el secreto oficial sobre cierta documentación y éste llegue a desarrollarse sin su conocimiento repugna el sentido de la justicia y abona el campo de quienes dan a Montesquieu por bien muerto y enterrado.
La pregunta surge inocente y sin malicia, ¿quién es el dueño de los secretos? La respuesta no admite dudas. Es el Consejo de Ministros, el Gobierno y en definitiva, su presidente. De tal suerte es así, que si el ejecutivo no lo considera conveniente, el judicial ha de apañárselas sin él.
El vigilante no es vigilado y sus decisiones sobrevuelan cualquier control porque en última instancia siempre encuentra el amparo del secreto.
Pensemos de momento que todo se debe a un retraso y que pronto, muy pronto, Bermúdez tendrá los folios sobre su mesa.