Quién controla a quién

Cuesta trabajo imaginarse a un periodista o a un lector partidarios de establecer mecanismos de censura, pero los hay. Todo depende del orden de prioridades que cada individuo establezca en su vida. Por ejemplo, yo puedo pensar que es más interesante mantener en el poder a determinado partido, que defender la libertad de expresión. En consecuencia, abogo por la censura como hicieron cientos de dictaduras en todo el mundo para procurarse su larga vida a costa de las libertades.
Lo que resulta chocante es que un derecho amparado por la ley de mayor rango en vigor, que en nuestro caso es la Constitución, se vulnere por otra de rango inferior y salga adelante con los votos de quienes dicen ser representantes del pueblo y de la legalidad, o que esos mismos representantes traten de crear comités políticos encargados de convalidar carnés periodísticos, como si la democracia fuese una gran broma que finalmente revela su verdadera cara totalitaria.
Si la Constitución valora en tan alta estima la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones es porque con ella garantiza una labor fiscalizadora del poder político, básica para el funcionamiento democrático. Si le damos la vuelta a la tortilla y ahora vuelve a ser el poder político quien fiscaliza a los medios, habremos retrocedido a la ley de Prensa de 1938, que consideraba a éstos como meras prolongaciones del Estado, incapaces de pensar y opinar de forma distinta a lo que el propio Estado dicte.
Parece mentira que estos cimientos democráticos vuelvan a estar en tela de juicio treinta años después y que veamos con vergüenza cómo el Comité Mundial de Libertad de Prensa esté obligado a advertirnos sobre la gravedad de los nuevos organismos, comparándolos con la censura franquista.
Parece mentira, pero ésa es la actualidad esperpéntica del momento.

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