García Ulloa-Iglesias, el matrimonio de Antas asesinado por la dictadura argentina
Durante meses alguien cobraba los cheques de su cuenta bancaria
SON SUS PADRES los que mediados los años treinta deciden dejar atrás la parroquia de Santiago de Dorra, donde había nacido Ramón García Ulloa (Antas de Ulla, 1920), para instalarse en Buenos Aires.
La capital argentina es por tanto la ciudad de su adolescencia y madurez hasta hacerse comerciante en el sector de la tintorería y casarse con Dolores del Pilar Iglesias.
Todo acaba el 6 de octubre de 1976, cuando un comando de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla lo rapta junto a su esposa del interior de su domicilio y ambos desaparecen para siempre. Tenía 55 años.
La madre de Ramón duerme en el piso superior y al oír ruidos baja al dormitorio del matrimonio. Allí ve cómo se los llevan en dos automóviles distintos, al tiempo que ella es amenazada para que no pida auxilio. En sus rostros observa señales de que han sido golpeados.
Ramón y Pilar temían una detención arbitraria desde que en marzo ocupa el poder Videla y por ello preparan su salida de Argentina, prevista para el inmediato mes de diciembre. De hecho sus dos hijas mayores, Susana, abogada, y Mirta, psicóloga, ya han viajado a España. La pequeña, Silvia, de 17 años, lo haría con ellos en ese diciembre que nunca llega.
No estar implicado en actos terroristas no es garantía suficiente para escapar de la represión, pues en ocasiones basta ser estudiante o abogado para recibir la visita de esos escuadrones de la muerte.
Como prueba manifiesta de la impunidad en la que actúan, al día siguiente el comando regresa a la casa familiar, en Neuquén 1732, planta baja 1, del barrio de Caballito, y sus miembros roban todo lo que encuentran en un camión de mudanza y los dos coches de los García Ulloa.
Hoy se sabe el nombre de los autores, un grupo de civiles y suboficiales al mando del teniente de navío Aníbal Roberto Colquhoun.
Ocurre que algunos de los objetos sustraídos no llegan a la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, donde se centralizan las tropelías, y Colquhoun es investigado por hurto, pero no a los García Ulloa, sino al ESMA.
La pareja es acusada de ser “subversivos integrantes de la OPM titulada Montoneros”, lo que permitiría su expolio en busca de pruebas. Falta ropa, un proyector de diapositivas y una máquina de fotografías.
La paradoja es trágica y esperpéntica, máxime cuando se sabe que durante meses se siguen cobrando cheques de sus cuentas bancarias extendidos por ellos mismos. Como se dice allí con extrema crueldad, “de un desaparecido se aprovecha todo”.
Se calcula que en los siete años de la Junta Militar, hasta diciembre de 1983, la represión en forma de secuestros, torturas o ejecuciones alcanza a unas 30.000 personas y entre ellos, unos 300 naturales de Galicia o hijos de gallegos.
Todas las gestiones resultan infructuosas, aunque sus hijas piensan en los meses siguientes que serían liberados antes de aquella Navidad.
Según relata en 1996 Silvia García Iglesias a la redactora de El Progreso Kari Acebo, el nuevo embajador español, nombrado en los primeros meses de 1977, les envía una carta por valija diplomática “diciéndonos que la vida sigue y que hay que saber encajar las cosas. No lo ponía claramente, pero se veía que algo había podido averiguar sobre la suerte de mis padres”.
Un trabajador de las Coordinación Federal informa finalmente a la familia que las víctimas habían sido asesinadas a los pocos días del secuestro, por ser consideradas “colaboradores de la subversión y por tener familiares muy comprometidos.”