No hay dos caminos

El camino está marcado

En realidad a todos nos debería importar un pimiento lo que diga el TC sobre el referéndum, porque ante los artículos 1 y 2 del título preliminar de la Constitución, los proyectos de la Generalidad de Cataluña no solo son ilegales a todas luces, sino también un robo, un golpe de Estado y una asonada.

Otra cosa será comprobar cómo se substancia finalmente el embrollo y el balance de damnificados que deja.

Quienes peor lo tienen son los propios secesionistas, porque si sus ansias infinitas de independencia no se materializan, habrán perdido el tiempo, el crédito y dinero, mucho dinero. Si por un casual tropiezo de la historia, las llevan hasta el puerto, las pérdidas pasadas se quedarán ridículas frente a las que van a sufrir.

El espectáculo que ofrecen a punto de doblar la primera decena de agosto es de pena mora. Ya no saben qué hacer con los cargos inhabilitados, si sustituirlos y liberarse del muerto, o seguir con ellos. Total, si están por desobedecer al TC, frente al delito de sedición tres inhabilitados arriba o abajo no van a ninguna parte.

Pero como por el medio se encuentra la CUP, y no con un papel menor, el pastel se completa con sus ilusiones y su estrategia, que es movilizar a la masa y poner las calles en pie de guerra. ¿Cuál si no? De hacerlo siempre surgirán motivos para la confrontación y en ese caldo es donde mejor chapotean.

El calendario avanza inexorable y todos nos preguntamos qué va a pasar, como diciendo ¿por qué no pasa ya? La parte de la legalidad tiene toda la fuerza de la ley, como su propio nombre indica, pero también todos sus inconvenientes. No puede dudar entre salir a la calle o convocar una Marcha Verde. La doctrina jurídica es una y unívoca. Otra cosa es que no se muestre ante quien pretende pleitear.

Un comentario a “No hay dos caminos”

  1. Aureliano Buendía

    No estamos muy de acuerdo hoy, Cora.

    Si los artículos 1 y 2 de la Constitución fueran tan claros como tú dices, habría menos problema. Pero el art. 2 de la Constitución (“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”) es una contradicción en sí mismo.

    Hasta la segunda coma (“…todos los españoles”) el precepto se apunta claramente al principio del Estado unitario, de tipo francés; a partir de esa segunda coma, se abre la posibilidad del Estado federal (tipo norteamericano o alemán). O sea, no ya en la misma Constitución, sino en el mismo artículo, coexisten dos modelos antagónicos.

    No es mi intención criticar la actuación de los “padres constituyentes”, ya que las circunstancias eran las que eran, y teniéndolas en cuenta, bastante mérito tuvieron en sacar adelante el texto constitucional que elaboraron.

    Pero los años pasan, y los defectos de base aparecen con el tiempo. Una interpretación racional y flexible del precepto mencionado permitiría una distribución más o menos eficaz de los poderes de las distintas Administraciones Públicas, que es lo que ha venido haciéndose hasta ahora. De forma manifiestamente mejorable en algunas ocasiones, pero el sistema ha funcionado, lo que ya es mucho decir en un país como éste.

    El problema es que, cuando el nacionalismo se mete por medio, se acaban la racionalidad y la flexibilidad. Hoy, en el Govern de Catalunya, hay muy poco de ambas, y lo que pueda quedar, desaparece bajo la presión del socio de la CUP. La tormenta perfecta, vamos.

    No es fácil vacitinar sobre la evolución de este problema. Puede que consigamos reconducirlo, o puede que suponga el fin de España, tal y como la hemos conocido.

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