La doctrina Pasot

No es lacrimógeno, es la mascletá

Ya está identificado el autor del vídeo que se realizó durante la declaración de la infanta Cristina, algo que estaba expresamente prohibido por el juez.

Sin embargo, como el presunto delito coincidía con una manifestación a favor de la república, medios judiciales han expresado su convencimiento de que al autor, un abogado, se le aplicará la doctrina Pasot y todo acabe en una amonestación pequeñita, como por ejemplo decirle: “Eso no se hace, caca”.

La doctrina Pasot también ha sido aplicada estos días en el caso que juzgaba la colocación de una bomba en un autobús, felizmente resuelto para el acusado, ya que su acción no fue considerada terrorismo puesto que el bombazo coincide con una huelga general. Se nota que en un día así la justicia hace la vista gorda, como en carnaval.

Los delincuentes, corruptos, estafadores y demás ralea tienen que estar empapándose de jurisprudencia para planificar con ventajas sus próximas acciones, no vaya a ser que si hacen coincidir su cohecho con una huelga, con las fiestas del pueblo, o con el día de la estampita, en vez de delito, lo suyo se convierta en mérito suficiente para que lo nombren Hijo Predilecto de la localidad.

Dicen también que está a punto de ser localizado el espectador que arrojó un bote de humo lacrimógeno durante el Villarreal-Celta. Pero quien haya sido no debe preocuparse demasiado, porque si mueve bien sus cartas, logrará que se le aplique la doctrina Pasot y que le nombren jefe de las cheerleaders del club, si es que las tiene.

Aquel día coincidió que era sábado, que el viernes se había celebrado san Valentín, que se cumplía un siglo del asalto al Ministerio de Interior británico y que llovía, eximentes todos ellos en grado superlativo.

4 Comentarios a “La doctrina Pasot”

  1. MIRANDA

    Ya dice la sabiduría popular que “Hecha la ley, hecha la trampa”, y menos mal que le das un toque de humor (negro) a un tema más que preocupante, desde aquellos tiempos en que el alcalde de Jerez, Pacheco, sostuvo que, en este país, “la Justicia es un cashondeo”.

    Lo ha seguido siendo por lustros, un cachondeo, un desmadre y en algunos casos, hasta una obscenidad.

    Los funcionarios judiciales están hartos de denunciar el colapso, la carencia en recursos humanos y materiales, los sistemas informáticos anticuados, la falta de jueces, y la sociedad española está harta de denunciar la anuencia de los Poderes, la falta de independencia del Judicial frente al Ejecutivo, la injusticia básica de una justicia lenta y demorada,(“Delayed justice is no justice”), o las sentencias inexplicables y hasta surrealistas… pero los gobiernos sucesivos no han parecido interesados en cambiar las cosas, que no han dejado de ir a peor hasta devenir casa de tócamerroque y/o de lenocinio.

    No cabe llamar demócrata a un régimen donde la justicia no sea independiente, los jueces rigurosos y eficaces, la carrera judicial competente y motivada.

    FelipeX se sacó del manguito, en 1985, lo de los “turnos” para acceder a la Judicatura sin gran desgaste neuronal.

    Sin caer en la injusticia de generalizar y respetando a jueces imparciales y preparados, que los hay, el cuarto turno nos ha provisto de gente como:
    Pascual Estevill (condenado a 9 años de prisión por extorsión), Antonio Pedreira (avalista de las intervenciones telefónicas ordenadas por superGarzón), Castro (polémico caso Matas), Valdecabres (que justifica el escrache asegún, mentora de Aido y su barra libre para arrancarse el hijo),Francisco Serrano, que llegó a decir que las denuncias falsas por maltrato hacia la mujer están provocando un “genocidio” entre los hombres. o MariTere del Vogue (no comment).

    No puede ser fácil ejercer como juez fetén cuando se debe a los políticos la rampa de acceso a la judicatura, en lugar de a una difícil oposición con el propio esfuerzo. La legalización de grupos proetarras, la excarcelación de asesinos y violadores por una directriz europea que otros países no han observado, la burla de las sentencias de los Tribunales como la de la Generalitat , la anuencia ideológica y tantos casos como cotidianamente nos sorprenden e irritan, nos mueve a preguntar si alguna vez, algún gobierno llegará a hacer algo al respecto.

  2. SEito

    Humor, sí Sr .

  3. Bartolo

    En España hay alrededor de 5.000 jueces y unos 50.000 funcionarios de justicia de todos los niveles,por lo que no me parece justo juzgar a todo ese colectivo por media docena de ejemplos,por otra parte los Juzgados siguen con falta de medios y en muchos casos colapsados.
    .
    Por otra parte, ¿cuántos imputados de las Administraciones Públicas y los bancos siguen saliendo dia si y dia tambien? visto como están las cosas, no se me considerará mal pensado el que suponga que se considere mejor que no haya jueces suficientes ni preparados; que los jueces titulares pidan excedencias en cursos pagados por los imputados; que haya muchos jueces sustitutos, es de esperar que no acabemos como en Venezuela, nombrarlos por casos y los “imprebogados” se podrán de acuerdo en “engavetar” el caso para que el juez sea el que interese, cuando el titular esté de viaje,excedencia ó cargo.

  4. Aureliano Buendía

    Somos un país con una tendencia casi patológica a la judicialización de la vida pública, lo que genera una actividad judicial por encima de la media de los Estados de nuestro entorno.

    Si a ello le unimos una patética falta de medios en la Administración de Justicia y una politización creciente de la misma, especialmente en sus estratos superiores, nos sale un cóctel poco sabroso. Es muy normal, además, que tal mejunje genere algunas burbujas malolientes, que se corresponden con las resoluciones judiciales que puede que tengan encaje en la Ley, pero que no hay manera de casarlas con el sentido común.

    Sigo pensando, de todas formas, que tales resoluciones son minoría, al igual que los iluminados que las emiten, y que, en general, la Justicia no es el principal de los problemas de este país.

    Lo grave no es que se dicten resoluciones que gusten más o menos. Siempre habrá opiniones para todo. Lo grave es que haya manifiestos incumplimientos de tales resoluciones por parte de los poderes públicos. En el momento en que una Administración (por ejemplo, la autonómica catalana) anuncia que no cumplirá las resoluciones de su propio Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal Supremo, el sistema comienza a hacer aguas.

    Ahí está realmente el problema; no en la existencia de un número más o menos llamativo de resoluciones judiciales “llamativas”, sino en el incumplimiento deliberado de otras. Y, desde luego, no puede decirse que de tal “rebeldía civil”, o de que ésta no tenga consecuencias, tengan la culpa los jueces.

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